El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda interpuesta el pasado 29 de mayo por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en respuesta a los graves incumplimientos del Gobierno Nacional que, según el mandatario, han llevado al sistema de salud a una situación crítica.
La acción judicial, considerada un hito en la defensa del derecho fundamental a la salud, vincula a los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y varias EPS intervenidas.
La decisión del Tribunal también ordena vincular a toda la red hospitalaria pública y privada de Medellín, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que se pronuncien frente a los presuntos incumplimientos del Gobierno. Adicionalmente, el alto tribunal le dio un plazo de cinco días hábiles al Ejecutivo para que responda sobre la solicitud de medida cautelar que busca evitar un perjuicio irremediable ante el riesgo inminente a la vida y la salud de millones de ciudadanos.
La demanda fue radicada por el alcalde Gutiérrez Zuluaga en su calidad de primera autoridad sanitaria de Medellín. En ella argumenta que la intervención de varias EPS por parte del Gobierno y la falta de garantías en el giro oportuno de recursos a las IPS han deteriorado profundamente el sistema. “Los hospitales en Medellín están recibiendo apenas el 6% de los recursos que se les adeudan por servicios ya prestados”, advirtió el alcalde.
Durante la presentación de la acción popular, Gutiérrez fue enfático: “Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo está logrando. Y por eso los hago directamente responsables. No me voy a quedar callado mientras otros juegan con la salud de la gente”.
Con esta decisión judicial, se abre la posibilidad para que ciudadanos, organizaciones y entidades se sumen al proceso, en defensa de su derecho a una salud digna. Entre las entidades más afectadas por la falta de recursos se encuentran el Hospital General de Medellín, al que se le adeudan $128.000 millones, y Metrosalud, con una deuda de $32.000 millones.
Esta admisión judicial representa un paso clave en la búsqueda de soluciones estructurales y urgentes para una crisis sanitaria que impacta no solo a Medellín, sino a todo el país.
