El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó ante el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación una solicitud de vigilancia especial sobre el proyecto Metro de la 80. La petición se debe al incumplimiento del Gobierno Nacional en sus obligaciones de financiamiento, que ascienden actualmente a 980.000 millones de pesos. Mientras el Distrito ha aportado 684.000 millones de pesos, el Gobierno Nacional no ha realizado ningún desembolso.
El Metro de la 80, incluido en el Plan Rector de Expansión del Metro de Medellín y en los instrumentos de planificación territorial y metropolitana desde hace años, es un proyecto estratégico dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027 «Medellín Te Quiere». Su declaración como obra de importancia estratégica para la Nación mediante el Documento CONPES 4003 de 2020 estableció que el Gobierno Nacional debería financiar el 70% del proyecto, conforme a la Ley 310 de 1996. En consecuencia, el 30 de noviembre de 2020 se suscribió un convenio de cofinanciación entre La Nación, el Distrito de Medellín y el Metro de Medellín.
Las obras del Metro de la 80 comenzaron en abril de 2024 con la demolición de edificaciones, la construcción de redes de servicios públicos y un banco de ductos multitubular para la provisión de energía eléctrica al sistema. Hasta el 29 de enero de 2025, el avance del proyecto es del 32,5%, ligeramente por debajo del 34,4% previsto. Además, se ha logrado un 70% de avance en la gestión predial, con la adquisición de 693 de los 1.239 predios requeridos.
A pesar de este progreso, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 069 de 2025, que aplaza apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, incluyendo la partida correspondiente al Metro de la 80 por 497.630 millones de pesos. Sumado al incumplimiento de los aportes de 2024, que ascienden a 483.135 millones de pesos, la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad del proyecto. Esta situación podría generar impactos negativos en la movilidad, economía y empleo de la ciudad, afectando los 807 empleos directos generados hasta la fecha.
El alcalde Gutiérrez advirtió que el incumplimiento del Gobierno Nacional podría vulnerar principios de planeación, eficiencia y transparencia en la gestión fiscal, establecidos en el artículo 209 de la Constitución y en la Ley 610 de 2000. Por ello, solicitó a la Contraloría y la Procuraduría que ordenen una vigilancia administrativa especial para verificar que las decisiones del Gobierno Nacional se ajusten a derecho y evitar perjuicios al proyecto y a la ciudad.
