Campaña para proteger los árboles patrimoniales de Provenza avanza con apoyo de comerciantes y autoridades ambientales


Los 125 árboles de acacia amarilla, algunos con más de 60 años de antigüedad, que se encuentran en Provenza, Medellín, son considerados patrimonio natural y cultural de la ciudad. Estos ejemplares no solo embellecen el paisaje urbano, sino que también juegan un papel vital en el ecosistema, proporcionando refugio a aves y lechuzas, que ayudan a controlar la población de roedores en la zona.

Sin embargo, prácticas invasivas como la instalación de letreros, lámparas y cámaras mediante clavos y alambres han afectado gravemente la salud de los árboles, creando heridas que facilitan la entrada de bacterias, hongos y otros microorganismos, poniendo en riesgo su supervivencia.

En respuesta, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en colaboración con el Distrito de Medellín y la Corporación Provenza, ha lanzado una campaña para concienciar a los comerciantes sobre el impacto de estas acciones. Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental de la entidad, destacó que «gracias a este esfuerzo, hemos logrado desmontar muchos de estos elementos en el sector. Desafortunadamente, algunos árboles ya están afectados, pero seguiremos trabajando junto a los comerciantes y el distrito hasta retirar todos los elementos dañinos».

El liderazgo de los comerciantes que se han sumado a esta causa sirve como ejemplo para otras zonas de la ciudad, como el parque de El Poblado, la 70 y el barrio Carlos E. Restrepo, donde también se han reportado casos similares. El Área Metropolitana hace un llamado a los comerciantes restantes y a otros barrios a unirse a esta iniciativa y adoptar prácticas que respeten el arbolado urbano, buscando la armonía entre el desarrollo comercial y la preservación del medio ambiente.

A pesar de los avances, las autoridades han detectado que algunos locales continúan vulnerando las normativas, poniendo en riesgo los árboles y la fauna asociada. Se recuerda a la comunidad que la Ley 1333 de 2009 impone sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos para quienes continúen afectando el medio ambiente.