El alcalde de Federico Gutiérrez Zuluaga realizó una visita técnica al corregimiento San Cristóbal para verificar el avance en la construcción de la nueva Cárcel para Sindicados, considerada una de las obras más importantes en infraestructura carcelaria del país.
El proyecto busca ofrecer una solución estructural al hacinamiento crítico en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y centros de detención transitoria, fortaleciendo la capacidad institucional del Distrito para garantizar autoridad, orden y disciplina en el sistema de custodia. Actualmente, la obra registra un avance del 9 %, con trabajos de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.
La inversión total asciende a $675.000 millones bajo el modelo de asociación público-privada (APP), con pagos programados entre 2027 y 2038. La infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, distribuidas en seis pabellones, incluyendo uno especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Además, contará con áreas de sanidad, jurídica, formación, visitas y un centro de control con tecnología de vigilancia permanente.
“Para las personas que lleguen a este lugar vamos a tener un sistema de reinserción social. Son sindicadas, es decir, no han sido condenadas. Tendremos pabellones dedicados a la formación y espacios especiales para las visitas familiares. Cada uno tendrá capacidad para 250 cupos. Este es un modelo con orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más; aquí no habrá hacinamiento”, precisó el alcalde.
La ciudad enfrenta un panorama complejo. A febrero de 2025, el hacinamiento en estaciones de policía alcanza el 123 %, con casos como la estación Candelaria, diseñada para 75 personas y que hoy alberga 304; Laureles, con capacidad para 30 y ocupación de 104; y Belén, diseñada para 20 y con 115 personas privadas de la libertad.
La nueva infraestructura permitirá descongestionar estos espacios y cumplir con estándares internacionales como las Reglas Mandela, garantizando condiciones dignas, acceso a salud, educación, formación técnica y atención psicosocial orientada a la resocialización y la reducción de la reincidencia.
“La infraestructura incorpora tecnología avanzada y es un modelo innovador. Vamos muy bien en las obras y estamos cumpliendo, además, la sentencia de la Corte Suprema que ordena a los alcaldes resolver el problema de los sindicados en las ciudades”, señaló el mandatario.
El proyecto también genera impacto social y económico en la zona. Actualmente vincula a 297 trabajadores y proyecta alcanzar 500 empleos en 2026, superando metas de contratación de mano de obra local y femenina. Asimismo, contempla inversión social concertada con la comunidad, compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas y la implementación de medidas de control tecnológico y seguridad sin afectar a las comunidades vecinas.
La Alcaldía de Medellín continuará realizando seguimiento permanente al avance de las obras y a la estructuración del modelo de operación del establecimiento, en articulación con el concesionario y las autoridades competentes. Con esta infraestructura, que se proyecta entregar en los próximos años, la ciudad fortalece su capacidad institucional para enfrentar el hacinamiento, garantizar condiciones dignas de reclusión y consolidar una política de seguridad que combine control, legalidad y oportunidades reales de resocialización.
