El presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, radicó ante la fiscal general Luz Adriana Camargo una solicitud formal de suspensión inmediata de Ricardo Roa Barragán de su cargo como presidente de Ecopetrol.
La petición se fundamenta en la reciente imputación de cargos anunciada contra Roa, dentro de una investigación que se adelanta por su presunta participación en irregularidades durante la campaña presidencial “Petro Presidente” de 2022, de la cual se desempeñó como gerente.
De acuerdo con el proceso investigativo, se habría presentado una presunta violación de los topes máximos autorizados para la financiación de la campaña electoral, así como cuestionamientos relacionados con la compra de una propiedad avaluada en más de 1.800 millones de pesos, hecho que el actual presidente de Ecopetrol deberá explicar ante las autoridades.
Alejandro de Bedout, actuando en su calidad de presidente del Concejo Distrital y como ciudadano, afirmó que es “inaceptable y contrario al sentido común que quien hoy está bajo la lupa por tráfico de influencias, conforme al artículo 411 del Código Penal, y por violación de topes electorales, tipificada en el artículo 396B, continúe sentado en el despacho más poderoso del país manejando la chequera de todos los colombianos”.
El concejal fue enfático al advertir sobre los riesgos institucionales de mantener a Roa en el cargo mientras avanza la investigación. “No podemos permitir que el investigado mantenga el mando sobre archivos y subordinados que mañana podrían declarar como testigos en su contra. Según el artículo 209 de la Constitución Política, la moralidad administrativa es un principio rector; resulta procesalmente inviable que permanezca en el cargo”, señaló.
Finalmente, De Bedout subrayó el impacto nacional del caso y llamó a la Fiscalía a actuar con celeridad. “Si a Ecopetrol le va mal, a Colombia le va mal. No nos vamos a quedar callados desde las regiones mientras se pone en riesgo nuestra seguridad energética por defender intereses personales y políticos. La Fiscalía está obligada, según el artículo 250 de la Constitución, a adelantar la acción penal con rigurosidad. Esperamos que atiendan este llamado y aparten del cargo a quien ha causado un grave daño a la reputación y al funcionamiento de Ecopetrol”, concluyó.
