El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, anunció un paquete de medidas para dinamizar la economía del departamento, proteger el empleo y sostener la inversión pública y privada, tras el impacto que tendrá la declaratoria de emergencia económica y el aumento del salario mínimo decretados por el Gobierno Nacional.
Según explicó el mandatario, estas decisiones tendrán un impacto cercano a 1,5 billones de pesos en las finanzas departamentales. “A pesar de las dificultades que imponen estas decisiones del Gobierno Nacional, aquí seguiremos trabajando en lo que nos ha caracterizado siempre: exponer la realidad para que los antioqueños sepan a qué nos enfrentamos, pero actuar sin queja, acumulando resultados en favor de todos”, afirmó Rendón Cardona.
El gobernador lamentó que las medidas económicas adoptadas por el presidente Gustavo Petro “agudizan el centralismo que tanto daño le ha hecho a las regiones”, y aseguró que Antioquia deberá asumir fuertes presiones presupuestales, especialmente por el aumento del salario mínimo.
Impacto del salario mínimo
Solo por cuenta del incremento del salario mínimo, cercano a cinco veces la inflación causada, la Gobernación de Antioquia deberá asumir sobrecostos por aproximadamente 770 mil millones de pesos, que afectarán obras de infraestructura y vivienda, así como los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda.
Entre los proyectos impactados se encuentran la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, las obras de estabilización vial y aquellas financiadas con recursos de regalías, cuyos contratos podrían ver reducidos su alcance. Además, se prevé una disminución en las soluciones de vivienda ejecutadas por VIVA, lo que afectaría a cerca de 12 mil familias antioqueñas.
“El Gobierno Nacional borró de un plumazo el esfuerzo de nuestro departamento por reducir el gasto burocrático improductivo, con un incremento del salario mínimo cinco veces la inflación causada”, señaló el gobernador.
Afectaciones a la Fábrica de Licores de Antioquia
Rendón Cardona también advirtió sobre el impacto en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que deberá transferir al Gobierno Nacional alrededor de 729 mil millones de pesos durante este año como consecuencia de la emergencia económica.
“Petro puso a la FLA, la licorera del país, a trabajar para su empleo militante. El Gobierno Nacional cuadra caja a costa de las regiones y nos está pasando factura de su estatismo y su pretensión burocratizadora”, afirmó el mandatario.
A esta situación se suma la preocupación por el aumento del contrabando en el departamento, como consecuencia del alza en los precios de los licores. “El contrabando no lo ejercen personas de bien; son espacios económicos que, por la carga impositiva, se le ceden a la criminalidad”, subrayó.
Por su parte, el gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, explicó que la licorera tenía previsto un incremento de precios cercano al 5,5 % para 2026. Sin embargo, con las nuevas medidas, una botella de licor podría subir entre 44 % y 47 %, debido al aumento del impuesto al consumo y del IVA, que pasa del 5 % al 19 %.
“Una botella de aguardiente antioqueño de 750 ml, que hoy tiene un precio cercano a los 40 mil pesos, podría pasar a costar alrededor de 60 mil pesos”, detalló Ramos Maya, al advertir que las ventas de la FLA podrían caer cerca de un 40 %.
Soluciones para Antioquia
Pese al panorama, el gobernador aseguró que Antioquia seguirá avanzando y destacó que, durante 2025, la economía departamental creció por encima del promedio nacional, impulsada por las exportaciones y la inversión pública y privada.
Actualmente, el departamento cuenta con 200 frentes de obra pública, que generarán más de 11 mil nuevos empleos. Además, recordó que la Gobernación mantiene un subsidio para el pago de seguridad social a empresas que contraten mujeres cabeza de hogar y anunció nuevas líneas de crédito para micro y pequeñas empresas a través de la Turbina de Crédito del IDEA, que también beneficia a municipios, hospitales y exportadores.
Finalmente, Rendón Cardona confirmó que esta semana participará en una cumbre extraordinaria de gobernadores, en la que se definirán acciones judiciales conjuntas contra las medidas que, según advirtió, afectan gravemente las finanzas de los entes territoriales.
