El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó este martes ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar de urgencia con el fin de suspender de manera inmediata los efectos del decreto de reforma tributaria expedido por el Gobierno Nacional sin haber pasado por el Congreso de la República.
Según el mandatario distrital, el decreto vulnera principios fundamentales del orden constitucional y representa una amenaza para la separación de poderes. “Como alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y mantendrán el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, afirmó Gutiérrez Zuluaga.
El alcalde explicó que la solicitud presentada ante la Corte Constitucional consta de un documento de 48 páginas, en el que se exponen argumentos jurídicos detallados que, a su juicio, demuestran que la medida adoptada por el Ejecutivo es “abiertamente ilegal e inconstitucional”. Asimismo, pidió que la medida cautelar sea estudiada y aplicada en el menor tiempo posible. “Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respeto por la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”, añadió.
Gutiérrez Zuluaga también hizo un llamado a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios para que ejerzan su derecho y deber de participación ciudadana, en defensa de la integridad de la Constitución Política, y se adhieran a la solicitud presentada ante el alto tribunal.
El decreto de emergencia económica, que sirve de base para la reforma tributaria, se sustenta —según el Gobierno Nacional— en una supuesta crisis derivada del incumplimiento de un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, una obligación que, de acuerdo con el alcalde, está pendiente desde hace tres años. Sobre este tema, la Alcaldía de Medellín interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Otros argumentos del Gobierno para declarar la emergencia incluyen la garantía de seguridad ante alteraciones del orden público, una justificación que, según Gutiérrez Zuluaga, resulta contradictoria frente a los beneficios que desde la Presidencia se han otorgado a grupos criminales. A ello se suman los desastres naturales causados por la ola invernal y el pago de sentencias judiciales, situaciones que —aseguró— no son imprevisibles y, por tanto, no ameritan la declaratoria de una emergencia económica.
La Corte Constitucional deberá ahora estudiar la solicitud y determinar si procede la suspensión inmediata del decreto mientras se evalúa su constitucionalidad.
