La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de varios exfuncionarios por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero Calle, cuando se desempeñaba como alcalde de Medellín y presidente de la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las detenciones se relacionan con contratos ejecutados entre 2020 y 2021, cuyo valor ascendería a cerca de $18.000 millones, y que habrían beneficiado al entonces director de la entidad, Juan David Palacio Cardona.
Entre los capturados se encuentra Misael Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, junto con otros tres exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de dichos contratos. A los detenidos se les imputan los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Estas capturas se suman a las denuncias presentadas por la actual administración distrital, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien en el proceso de empalme identificó más de 650 irregularidades, de las cuales cerca de 15 involucran directamente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
“Seguimos colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos, los recursos que le pertenecen a los ciudadanos”, señaló Paula Andrea Palacio Salazar, directora actual del Área Metropolitana.
La entidad había emitido en abril de 2024 una serie de advertencias formales sobre presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior, las cuales fueron remitidas a los organismos de control. Entre los casos más graves figura el del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en convenios que superan los $17.000 millones.
Otras alertas presentadas por la administración actual incluyen:
- Reforma administrativa irregular, con creación de cargos sin estudios técnicos ni concurso.
- Convenios con la Secretaría de la No Violencia, por $1.500 millones, sin claridad sobre la ejecución.
- Indicadores inflados del plan de gestión 2020-2023, con metas ficticias y falta de soportes.
- Programas debilitados, como EnCicla, con graves fallas de mantenimiento y gestión.
- Tren del Río sin aportes, afectando el avance del proyecto.
- Contratos con fundaciones, como Arca y Tenarco, sin informes ni aportes comprobados.
- Obras inconclusas, que requieren $113.000 millones adicionales para su terminación.
- Equipos formateados irregularmente, eliminando información clave.
- Gestión documental en riesgo, con más de 1.000 trámites vencidos y sin asignar.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue reconocida como víctima dentro del proceso penal y participa mediante apoderado judicial en las diligencias.
La entidad reiteró su rechazo absoluto a cualquier acto de corrupción y reafirmó su compromiso con la defensa del patrimonio público, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
“Cada peso invertido debe responder a un propósito colectivo: mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá y fortalecer la confianza en lo público”, concluyó la directora Paula Andrea Palacio.
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