La Administración Distrital, en articulación con la Agencia APP, avanza en la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín, un proyecto estratégico que busca aliviar el crítico hacinamiento en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). La obra, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, inició su fase de construcción tras la firma del acta de inicio en abril de 2025.
El centro penitenciario, desarrollado bajo un modelo de alianza público-privada (APP), tendrá una inversión de $675.000 millones y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. Contará con espacios para educación, salud, talleres productivos y procesos de resocialización, con el compromiso de no superar su capacidad instalada y evitar así el hacinamiento estructural que afecta al sistema penitenciario nacional.
“Esta es una de las cárceles con las mejores especificaciones, porque es el primer centro penitenciario definido por una APP en el país. Aquí se construye con calidad, seguridad y tecnología, con inhibidores de señal que evitan que desde la cárcel se sigan cometiendo delitos”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien recordó que este proyecto responde a órdenes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sobre la necesidad de garantizar infraestructura carcelaria digna.
Actualmente, el hacinamiento en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá supera el 180 %. Mientras la capacidad es de 778 personas, hoy se encuentran recluidas más de 2.000 en espacios no habilitados para ello. En la Estación Candelaria, por ejemplo, la capacidad es de 75 y permanecen 309 personas; en la Sijín, donde caben 20, hay 278; y en Laureles, con cupo para 30, se alojan más de 106.
El proyecto es ejecutado por la concesionaria Carmet Medellín S.A.S. (Prodemex), con interventoría del Consorcio Intercárceles. Desde 2016 se adelantaron estudios de prefactibilidad y factibilidad que consolidaron el esquema técnico y financiero para su desarrollo con estándares internacionales y estricta supervisión institucional.
Además de su aporte a la seguridad, la obra se acompaña de una estrategia de gestión social y ambiental. Se destinaron $1.000 millones para obras comunitarias en San Cristóbal y se proyecta la generación de hasta 500 empleos en el pico de la construcción, con la vinculación de mano de obra local. En materia ambiental, Corantioquia autorizó un plan de manejo que incluye tala controlada, compensación de 15,75 hectáreas y rescate de fauna y flora para garantizar el equilibrio ecológico.
Con un avance técnico del 3 % a agosto de 2025, la Cárcel Metropolitana para Sindicados proyecta iniciar operaciones en el primer trimestre de 2027, consolidándose como un motor de desarrollo social y económico para el occidente de Medellín.
