Corantioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia (DAGRAN) trabajan en la búsqueda de soluciones para mitigar el riesgo derivado de la construcción de un jarillón sobre el río Porce. Esta estructura ha provocado el estrangulamiento del cauce y un aumento en la velocidad del agua, lo que podría generar condiciones de riesgo para las comunidades aledañas.
Ante la alerta emitida por EPM sobre actividades de minería ilegal que podrían afectar la represa Porce III y a las comunidades en los municipios de Amalfi y Anorí, extendiéndose hasta la confluencia del río Porce con el río Nechí en Zaragoza, Corantioquia ha tomado medidas desde febrero de 2024. La corporación ha llevado a cabo visitas técnicas y seguimiento satelital para obtener información precisa sobre la situación.
Los estudios de Corantioquia han identificado 125 polígonos con posibles cambios en el uso del suelo que podrían representar afectaciones a los recursos naturales. Algunos de estos podrían corresponder a playas aluviales, cuya condición varía según la dinámica del río, presentando inundaciones o sequías en diferentes épocas del año. Además, se han verificado 195 kilómetros del cauce en los municipios de Guadalupe, Amalfi, Anorí y Zaragoza, donde se presentan estos cambios.
Corantioquia también avanza en el trámite de licencias ambientales para usuarios en la zona del cañón del Porce y ha realizado mesas de trabajo con mineros en proceso de formalización dentro de la estrategia «Formalizar para Regenerar». Asimismo, se han establecido espacios de concertación con la Agencia Nacional Minera para abordar la problemática ambiental del río Porce y se mantiene un monitoreo constante de la calidad del agua desde la zona de embalses hasta más allá de los puntos donde se han reportado actividades mineras ilegales.
Para garantizar el flujo de información entre los actores y autoridades competentes, se emitirán alertas semanales sobre minería y deforestación. Las Oficinas Territoriales Tahamíes, Zenufaná y Panzenú cuentan con la información de los informes técnicos y han intensificado las visitas de control y seguimiento en la zona afectada.
