En el marco del Congreso de Confecámaras realizado en Cartagena el 12 de septiembre, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró que «hay que volver a revisar qué pasa con Afinia porque no tiene la capacidad de prestar el servicio». Ante estas afirmaciones, el Grupo EPM, encargado de la operación de Afinia en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur de Magdalena, ha emitido un comunicado precisando su postura.
EPM asegura que sí tiene la capacidad de prestar el servicio, respaldado por inversiones superiores a COP 2 billones que han permitido una notable reducción en la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio eléctrico. En comparación con 2020, las interrupciones han disminuido en 47 horas y 72 eventos anuales. Además, la empresa ha cumplido con los compromisos regulatorios, el pago de impuestos y obligaciones con empleados, proveedores y el mercado mayorista de energía.
Sin embargo, EPM señala que la situación de Afinia podría verse comprometida por factores externos, como la baja recuperación de recaudos (78,36%) y las pérdidas de energía (27,86%), así como la acumulación de la opción tarifaria que asciende a COP 1,5 billones, la cartera oficial de COP 290 mil millones y los subsidios por cobrar de COP 394 mil millones, que no han sido pagados completamente ni a tiempo por el Gobierno Nacional.
El Gerente General de EPM, en respaldo a las declaraciones del Contralor General de la República, Carlos Hernández Rodríguez, destacó que el riesgo de afectación al servicio en otras regiones del país, particularmente en las atendidas por Afinia, se debe a la falta de cumplimiento del Gobierno en el giro oportuno de subsidios, la no ejecución del anuncio presidencial sobre la asunción de los saldos de la opción tarifaria, y el incumplimiento en el pago de facturas por parte de entidades oficiales.
EPM ha presentado propuestas al Gobierno Nacional para inyectar recursos que solventen la situación financiera de Afinia y reduzcan las tarifas a los usuarios, buscando garantizar la prestación del servicio.
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