El Gobierno Nacional ha anunciado la firma de la Directiva Oriental, un documento clave orientado a fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los medios de comunicación, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión y de prensa.
Esta directiva, resultado de una estrecha colaboración con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece lineamientos sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de estos derechos.
Entre los puntos destacados de la directiva se incluyen la prevención de la estigmatización, el fomento de un debate público inclusivo, la garantía de acceso a la información, y el deber de verificación de hechos por parte de los servidores públicos al emitir pronunciamientos. Además, se subraya la importancia de proteger la integridad de los periodistas y la capacitación continua de los funcionarios en temas de libertad de expresión.
